Se crea en Oaxaca el “Comité de Liberación 25 de Noviembre”

Nota del Semanario Proceso

Oaxaca, Oax., 5 de diciembre (apro).- El Patronado Pro Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca, artistas e intelectuales como Francisco Toledo, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y Carlos Montemayor, organizaciones de derechos humanos, el Bufete Jurídico Popular y abogados universitarios, conformaron hoy el “Comité de Liberación 25 de Noviembre” para apoyar a las personas detenidas de manera irregular durante marchas y manifestaciones de descontento social registradas en los últimos meses en la entidad.Toledo explicó que este comité tiene como misión ayudar a liberar a las personas que están presas, incluidos los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), sin haber realizado acciones vandálicas ni haber agredido a los cuerpos de seguridad, ni a terceros.Es decir, agregó, ofrecerán asesoría legal a los detenidos que fueron trasladados a penales fuera del estado, donde no cuentan con la asistencia de sus familias ni los recursos económicos para su defensa jurídica.Toledo no descartó la posibilidad de solicitar al gobierno federal se promueva una ley de amnistía. Uno de los integrantes del cuerpo jurídico de la APPO, Israel Ochoa Lara, manifestó que este comité coordinará a todos los abogados que participan en la defensa de los detenidos y desaparecidos del 25 de noviembre para lograr la libertad de todos los que ilegalmente fueron encarcelados. La idea también es recabar fondos a través de subastas de artistas plásticos para captar recursos que contribuyan a los gastos y traslados de familiares de los detenidos, al pago de fianzas y en lo que se requiera para lograr su libertad.Respecto de la detención y traslado de los presos del 25 de noviembre, el coordinador del Bufete Jurídico Popular consideró que hay “una abierta violación a las garantías constitucionales sobre todo de la adecuada defensa y el debido proceso legal, así como a las violaciones a los principios de la readaptación social”.Explicó que esto se sustenta en que los detenidos fueron trasladados a penales alejados de Oaxaca, lugar donde se cometieron los delitos y eso implica dificultarles el derecho a la defensa. Además, señaló, el Código Procesal Penal establece que el juez de la causa debe tener conocimiento directo del inculpado para poder tener mayor cercanía, situación que no se lleva a cabo, ni se les permite acceso al expediente, ni se les da atención médica a los internos que presuntamente fueron torturados.Por lo pronto, adelantó que van a recurrir al amparo o a la apelación en contra de los autos de formal prisión que les están siendo dictados a los detenidos; es decir, señaló, se van a buscar mecanismos legales, que serían a través de un juicio de amparo, para que sean trasladados a penales de Oaxaca.En caso de que estos presos sean declarados inocentes pueden reclamar la reparación del daño moral tanto a los detenidos como a sus familiares, indicó.Ochoa Lara señaló que esto significa que pueden denunciar sus casos ante los tribunales y organismos internacionales de derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras, para dar a conocer los excesos del poder cometidos y las violaciones en contra de todos los inculpados.Por otra parte, se refirió a los casos de Marcelino Coache e Ignacio García, quienes fueron detenidos sin existir ninguna orden de aprehensión en su contra. Su delito, dijo. es haber estado con Flavio y Horacio Sosa Villavicencio.Añadió: “Esto implica que fueron detenidos de manera ilegal porque el hecho de ir con Flavio no implicaba ser detenidos si no hay mandamientos de captura en su contra”.Respecto de los recluidos en el penal de Tepic, Nayarit, Ochoa Lara explicó que el expediente 71/06, donde se acusa a César Mateos Benítez y Jorge Sosa Campos, de secuestro, lesiones calificadas, robo calificado con violencia, no son delitos federales para enviarlos a un penal de mediana seguridad.A su vez, la secretaria técnica de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, Sara Méndez Morales, denunció la forma ilegal como fueron trasladados los detenidos, incluidos menores, “debido a que los tiempos se han alargado de manera inhumana”.Consideró que “se están violando derechos humanos porque no hay un acceso a la adecuada defensa, a la atención médica, y eso tiene que ver con una negativa del gobierno del estado y una sanción al movimiento social”.Afirmó que estas detenciones “son parte de la ola de criminalización en contra de un sector que se ha opuesto a una serie de políticas gubernamentales”.A su vez, el abogado de los familiares de detenidos y desaparecidos, Casiano Luis Mejía señaló que, como abogados, no pueden especular en asuntos políticos, sino que es necesario “tener bases firmes” para hacer la defensa pertinente.