La Jornada
La crisis de la tortilla, como diría Boaventura de Sousa Santos, es un claro ejemplo de la globalización localizada. Un hecho con profundos efectos nacionales, originado por factores no sólo nacionales, sino también globales. Es el resultado de un nuevo ciclo global de los alimentos y las energías que entraña muy significativos reacomodos en nuestras sociedades.
Se agota el ciclo de los hidrocarburos como energía casi única y de los granos básicos utilizados como arma alimentaria e instrumento de subordinación económica, iniciado con la guerra Irán-Irak en 1979, y con la exportación del trigo estadunidense a la Unión Soviética un año después. Los actores dominantes han sido las trasnacionales del agronegocio que controlan el mercado internacional mediante la política de precios bajos: cerealeras como Cargill y Archer Daniels-Midland, y las de biotecnología como Monsanto y Aventis-Novartis.
Ha sido un ciclo muy agresivo contra las agriculturas campesinas y contra la naturaleza. Las exportaciones de cereales desde Estados Unidos y la Unión Europea, a precio subsidiado, han llevado a la quiebra a los farmers de los países-origen y a los campesinos de los países-destino. Se han impuesto a gran escala monocultivos como el de la soya en el cono sur latinoamericano, que han acabado con las granjas multifuncionales y su paquete tecnológico ha contaminado millones de hectáreas de suelos y aguas.
Ahora, el calentamiento global y el agotamiento de los hidrocarburos en algunos países valoran la producción de bioenergía, y se inicia un nuevo ciclo de las energías y de los alimentos. Millones y millones de hectáreas se van a dedicar a la producción de etanol en Estados Unidos y en la Unión Europea, sustrayendo de los mercados internacionales millones de toneladas de maíz y elevando los precios mundiales, a la vez que poniendo en serios aprietos a los países que no construyeron su soberanía alimentaria. Por otro lado, se fortalece un amplio movimiento contra la comida industrial y en favor de la orgánica y natural.
Ahora se ve que los campesinos tenían la razón estratégica. Ahora que se cae en la cuenta de los enormes perjuicios ambientales de la agricultura y de la ganadería industriales. Ahora que se ve la necesidad de preservar las semillas criollas y el patrimonio genético de las naciones. Es muy claro que el ciclo que ahora dolorosamente comienza no debe ser el de las semillas transgénicas y el de las energías depredadoras de la biodiversidad. Debe ser el de la comida sana para todos y las energías diversificadas, administradas con sabiduría convivial, como diría Iván Illich
Por esto se han generado las bases materiales para el renacer campesino. Esta y las próximas generaciones requieren alimentos suficientes y sanos, producidos sin atentar contra el medio ambiente, con el objetivo primordial de nutrir a las personas y no de hacer negocio, sin derroches de agua y de energía. Sin veleidades que retiren millones de hectáreas a la producción de alimentos para dedicarlas a la generación de etanol o biodiesel. Los únicos que pueden hacer esto, que cuentan con los saberes ancestrales, con la herencia genética, el amor a la tierra y la vocación de servicio para producirlos, son las comunidades campesinas. Por eso deben ser fortalecidas como actores económicos y sociales, cuando menos.
En México, diversas organizaciones campesinas están proponiendo un paquete de políticas públicas encaminado a ese fortalecimiento. Demandan, de inmediato, un programa emergente para impulsar la producción y productividad sustentable de maíz, frijol y otros granos básicos y oleaginosas, con prioridad a las unidades de producción de pequeña y mediana escalas. Presentan una estrategia integral para apoyar y desarrollar las capacidades no tanto de los productores individuales, sino de las organizaciones económicas de éstos. Proponen que se tomen decisiones clave para integrar fondos, recursos y programas en torno a esta estrategia única; para que se movilicen todas las capacidades públicas de investigación y de transferencia de tecnología. Exigen que se apruebe en el Senado la minuta de la Ley de Planeación para la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional como instrumento jurídico básico para construir éstas. Y plantean que el Legislativo mandate al Ejecutivo para que de inmediato inicie negociaciones con los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos para excluir al maíz del TLCAN.
Esta es la encrucijada: o se pretende salir de la crisis haciendo lo mismo que la provocó, es decir, apoyando a los oligopolios y desafanando a las instituciones públicas, o se inicia un nuevo ciclo de alimentos baratos, suficientes y accesibles para todos con base principal en quien más se ha comprometido en producirlos: los campesinos.
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