Confrontación en curso

mochos y machos de Jalisco

Eduardo Ibarra Aguirre

Entre el “campo triunfador” que anuncia la golfista Lorena Ochoa y la declaración del Frente Nacional por el Campo Mexicano de que la lucha contra el Tratado Libre Comercio de América del Norte “es a muerte”, el país se introduce a paso sostenido a un desencuentro social y político de pronóstico reservado.

La nación no acaba de curar las heridas provocadas por los resultados de los comicios del 2 de julio de 2006, cuando ya marcha directo a otra confrontación, sólo porque Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y su secretario de Agricultura Alberto Cárdenas Jiménez parecieran dispuestos a demostrar, más el segundo que el primero, que la política no es su fuerte y que ésta no se inventó para resolver institucionalmente el reclamo social y el político.

La torpeza y cerrazón del jalisciense que es dado a mostrar sus manos para presumir que es hombre forjado en el campo, pero que enhorabuena Ochoa lo evidencia, involuntariamente por supuesto, como de campo de golf, llevó las naturales y profundas divergencias que genera la plena entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN con la apertura de las fronteras a la importación de maíz, azúcar, leche en polvo y frijol, a niveles que le impiden, como se evidenció el jueves 10, ser interlocutor válido y creíble de las organizaciones de la sociedad rural.

Ciertamente, como diría el nuevo rico Vicente Fox Quesada, el ingeniero electricista y electrónico que se ocupa de dirigir las políticas agropecuarias oficiales, nativo de Zapotlán el Grande, aunque actúe con pequeñez ante los enormes rezagos rurales, sólo aplica los lineamientos de Calderón Hinojosa, quien el primer lunes de 2008 realizó una cerrada defensa del TLCAN porque “ha sido benéfico”, pues significa empleo formal e incluso los salarios mejor pagados para los sectores vinculados, los agricultores mexicanos venden cinco veces más que en 1994, y México se ha convertido en el segundo proveedor de Estados Unidos y el tercero de Canadá.

La respuesta fue inmediata y a cargo de seis organizaciones campesinas: “En 14 años, el TLCAN generó la pérdida de 2 millones de empleos, 70 por ciento de los campesinos viven en la pobreza (datos oficiales reconocen a 9.5 millones en pobreza extrema) y 300 mil emigran cada año, con graves riesgos para sus vidas, a Estados Unidos”. Reconocen que el michoacano tiene razón cuando informa que las exportaciones agropecuarias generan 11 mil millones de dólares anuales, pero oculta que las importaciones representan 13 mil millones de dólares. Las pérdidas anuales para el agro las estiman en 4 mil millones de billetes verdes. Los 204 mil millones de pesos que destinará el gobierno al agro, estiman que “sólo beneficiará al 2 por ciento de los productores y a 30 empresas, la mayoría extranjeras, que son las únicas capaces de competir en el mercado internacional”. Seguir leyendo

Mañana hambre, ahora ruina de los campesinos

Magdalena Galindo

Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se sabía que los 14 años de gracia que ahí se establecían para la eliminación de gravámenes a algunos productos del campo, como el maíz, el frijol, el azúcar y la leche, no significaban sino el aplazamiento del problema; pues las diferencias entre el campo mexicano y la producción agrícola de Canadá y sobre todo de Estados Unidos, que es el más determinante para nosotros, son de carácter estructural. Para decirlo de manera muy breve, la principal diferencia es de capital, mientras la producción en Estados Unidos se realiza en grandes extensiones de tierra y con fuertes inversiones en maquinaria agrícola, en México se efectúa en pequeñas parcelas, por campesinos empobrecidos que no disponen de maquinaria ni de créditos para financiarse.

El resultado es una diferencia impresionante de productividad: mientras en México se generan 2.5 toneladas de maíz por hectárea, en Estados Unidos el promedio es de 8.4 y en Canadá de 7.2; en frijol, aquí el promedio es de 635 kilogramos por hectárea, en Estados Unidos de mil 859 y en Canadá de mil 822.

La otra diferencia fundamental es que mientras Estados Unidos es el país que otorga los subsidios más altos del mundo al sector agrícola, en México prácticamente se han eliminado los subsidios al campo. Así, en el maíz, por ejemplo, se calcula que los agricultores estadounidenses reciben alrededor del 50 por ciento del precio de producción en subsidio, mientras los campesinos mexicanos apenas perciben el 5 por ciento. Seguir leyendo

Prohibido ser campesino

Protesta de campesinos contra apertura del capítulo agropecuario del TLCAN

Silvia Ribeiro

Vivimos en tiempos de guerra. Parecería que el solo hecho de ser indígena o campesino es una afrenta a los poderosos. La guerra contra la vida campesina es ancha y ajena y por muchas partes sentimos sus dentelladas. Empezó hace mucho, pero en días como hoy, a 10 años de la masacre impune de indígenas en Acteal, se siente más la herida.

Es una guerra suicida, porque los indígenas y campesinos han sido por más de 10 mil años los que han creado, cuidado y legado a toda la humanidad las bases de la alimentación, las fibras para abrigo y vivienda, la crianza de animales domésticos, el uso y cuidado de los bosques y ríos, de plantas medicinales, la comprensión profunda de la naturaleza, junto a una rica diversidad de aproximaciones filosóficas, políticas, artísticas y estéticas de la vida.

No es una visión romántica de la vida campesina: aún hoy la mayor parte de la alimentación mundial la proveen los campesinos y campesinas, quienes pese a los ataques directos o mediados y a las oleadas salvajes de migración siguen siendo más de la cuarta parte de la población mundial y siguen siendo los únicos capaces de mantener la biodiversidad agrícola y de semillas, vitales para el sustento de todos.

Son parte de esta guerra los tratados de “libre” comercio, patentes de corso de las grandes empresas para el tráfico de gente y mercancías, que hasta prevén fríamente –como en el caso del TLCAN– que con su advenimiento miles de campesinos desaparecerían. También son parte de esta guerra la privatización del agua y la tierra por leyes y programas gubernamentales y los cultivos transgénicos, otra arma de las trasnacionales de los agronegocios para contaminarnos y monopolizar las semillas, llave de toda la red alimentaria.

Pero a veces la guerra toma formas extremadamente descarnadas, como la masacre a sangre fría de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Aumenta la ignominia que a 10 años no se haya castigado a muchos de los autores materiales del crimen ni a ninguno de sus autores intelectuales.

Por el contrario, la guerra que se tramó desde el gobierno de Ernesto Zedillo, se intenta remozar con la versión de intelectuales de alquiler que pretenden cambiar el pasado, inventado una batalla “entre indígenas” que nunca existió. Lo que sí hubo –atestiguado nuevamente en estos días por muchos de los que estuvieron allí– fueron cadáveres de mujeres, niños y hombres asesinados a tiros por la espalda, algunos mientras rezaban en la iglesia, otros intentando escapar de la matanza, a manos de paramilitares entrenados desde fuentes gubernamentales. Continuar leyendo

La privatización de PEMEX: aceptada por el gobierno desde 1982

Enrique Echeverría

1. Mientras el gobierno venezolano de Hugo Chávez usa el petróleo para hacer más fuerte el poder del pueblo frente al imperialismo yanqui y, al mismo tiempo, para grandes inversiones sociales que beneficien a los sectores más pobres, en México se hace exactamente lo contrario: los gobiernos liberales y conservadores han estado entregándolo a los EEUU a precios bajos de mercado y buscan vender PEMEX (patrimonio nacional público) a poderosos empresarios mexicanos y extranjeros. El petróleo, la electricidad y el transporte fueron pilares básicos de nuestra economía hasta hace 40 años; a partir de 1982 se comenzó a abandonar los ferrocarriles hasta desaparecerlos y por esas mismas fechas en las empresas eléctricas y de petróleo comenzó un proceso de privatización subterránea que ahora se quiere abrir totalmente y legalizar en las Cámaras. ¿Quiénes se encargarán de movilizar a la población para defender su patrimonio público?

2. El mayor productor de crudo de Latinoamérica, PEMEX, podría desnacionalizarse después de 69 años de ser empresa de Estado más importante. Felipe Calderón, el presidente ilegítimo, está presionando a la empresa para que frene la caída en la producción y reservas de crudo. El senador del PAN, Rubén Camarillo dijo que “Se permitiría a compañías petroleras operar oleoductos, refinerías y distribuir productos petroleros en México. La exploración petrolera de PEMEX se ve afectada por la falta de fondos. Aun cuando el crudo está cotizando en niveles cercanos a precios récord, el presupuesto de la compañía se ve reducido por las reparaciones a infraestructura en deterioro e impuestos que debe pagar, que ascienden a más de la mitad de sus ventas. Reducir el papel de PEMEX en refinación, oleoductos y distribución de combustible liberaría efectivo en el tercer proveedor de crudo a Estados Unidos”.

3. Felipe Calderón (como Vicente Fox) ha buscado desesperadamente privatizar la empresa petrolera para cubrir sus compromisos con los poderosos sectores privados del país y el extranjero. Por eso se vislumbra claramente una alianza del PAN y el PRI para que los legisladores aprueben en los primeros meses del año lo que Calderón quiere. La realidad es que ese proceso viene desde 1982, cuando el presidente De la Madrid planteó que “el Estado le devolvería a la sociedad lo que le había quitado”, es decir, que había que “adelgazar” el Estado en beneficio del sector privado. En 1988 llegó al gobierno Salinas y después Zedillo: ambos aceptaron los argumentos del Banco Mundial (BM) y de los asesores estadounidenses para la privatización de PEMEX. El argumento fue: privatizar totalmente PEMEX y usar los 150 mil millones de esa operación para pagar la deuda externa”. Vender totalmente el patrimonio nacional.

4. Los ingresos petroleros en el ingreso fiscal total de México han aumentado de manera permanente: en 1991 representaron el 23.8 por ciento, en 1992 fue del 24%, en 1923 el 27.1, en 1995 el 35.6; creció al 37.5 en 1996 y al siguiente año al 42.1%. Es decir, más de dos quintas partes del ingreso fiscal de México, que ha servido para construir carreteras, escuelas, etcétera, en el país han salido de PEMEX; mientras tanto esa empresa ha carecido de las inversiones necesarias para su conservación y expansión. En los hechos PEMEX le ha servido al gobierno, desde que Lázaro Cárdenas la nacionalizó en 1938, como una gran caja para salvar la economía mexicana, además ha servido para enriquecer a miles de funcionarios y altos líderes sindicales. Por eso, cualquier golpe a PEMEX, teniendo en cuenta el papel tan fundamental que ha cumplido, no dejará de ser un terrible golpe al patrimonio y vida de los mexicanos. Seguir leyendo